Grande Real Abogados

• Iniciación del Procedimiento El procedimiento sancionador comienza cuando la Administración Pública tiene conocimiento de una posible infracción. Este conocimiento puede llegar por diferentes vías, como la denuncia de un tercero, la inspección de la Administración, o incluso la constatación por parte de la misma Administración de que se ha producido una infracción. Existen dos formas principales de iniciación:
  • De oficio: La Administración inicia el procedimiento por iniciativa propia.
  • A solicitud de parte: Cuando una persona o entidad presenta una denuncia o solicitud que pone en conocimiento de la Administración una posible infracción.

• Instrucción del Procedimiento Una vez iniciado el procedimiento, se lleva a cabo la instrucción. En esta fase, se recopila toda la información necesaria para determinar si realmente se ha cometido una infracción y, en caso afirmativo, cuál debe ser la sanción correspondiente. Durante esta fase se pueden realizar diversas actuaciones como:
  • Notificación de la infracción al presunto infractor.
  • Audiencia al infractor: El presunto infractor tiene derecho a presentar alegaciones y pruebas en su defensa.
  • Pruebas: Se recogen y analizan pruebas que puedan confirmar o desmentir la infracción cometida.

• Propuesta de Resolución Una vez concluida la instrucción, el órgano competente de la Administración realiza una propuesta de resolución. Esta propuesta es un documento que determina las sanciones a imponer, basándose en los hechos probados y la normativa aplicable. En esta etapa, se da un plazo para que el infractor pueda presentar sus últimas alegaciones.

• Resolución Tras analizar las alegaciones presentadas por el infractor, la Administración dicta una resolución final. Esta resolución puede consistir en la imposición de una sanción, que puede ser económica (como una multa), o en otras medidas como la suspensión de una actividad, la retirada de licencias, o la obligación de reparar el daño causado. La resolución debe ser notificada al infractor, quien tiene derecho a recurrirla si no está conforme con la sanción impuesta.

• Ejecución de la Sanción Una vez que la resolución es firme (cuando no cabe recurso o ha sido confirmada tras un recurso), se procede a la ejecución de la sanción. Dependiendo de la naturaleza de la sanción, esta puede incluir el cobro de una multa, la adopción de medidas correctivas o la interrupción de actividades ilegales. En algunos casos, la Administración puede adoptar medidas coercitivas para asegurar que la sanción se cumpla

La infracción tributaria es un incumplimiento administrativo de las obligaciones fiscales, generalmente por descuido o error, que resulta en sanciones económicas. En cambio, el delito tributario es un comportamiento fraudulento y doloso con el objetivo de evadir impuestos, lo que conlleva un proceso penal y sanciones más graves, incluyendo penas de prisión. La principal diferencia radica en la intención del infractor y la gravedad de la infracción cometida.

La infracción contra la Seguridad Social es un incumplimiento administrativo de las normativas relacionadas con las cotizaciones y prestaciones de la Seguridad Social, que generalmente no tiene una intención fraudulenta. Las sanciones son de carácter económico y el procedimiento es administrativo.

En cambio, un delito contra la Seguridad Social es un fraude deliberado que implica una intención dolosa de evadir las cotizaciones o acceder indebidamente a prestaciones, lo que afecta gravemente al sistema. Estos delitos son perseguidos por la vía penal y conllevan sanciones mucho más severas, incluidas penas de prisión. La principal diferencia radica en la intención detrás de la conducta y la gravedad del incumplimiento

La infracción en la Ley de Subvenciones es un incumplimiento administrativo que generalmente no implica intención fraudulenta, y puede ser el resultado de errores o negligencia. Las sanciones son económicas y el procedimiento es administrativo. En cambio, el delito de fraude en las ayudas o subvenciones implica una conducta fraudulenta con el propósito de obtener ayudas públicas de manera ilícita, lo que conlleva un procedimiento penal y sanciones mucho más severas, como penas de prisión y multas elevadas. La principal diferencia entre ambos radica en la intención del infractor y la gravedad de la infracción cometida.

• Conocimiento Especializado y Experiencia: Los recursos administrativos, como las reclamaciones frente a sanciones, denegaciones de ayudas, o decisiones de la administración, requieren un conocimiento profundo de la normativa administrativa y los procedimientos específicos. Con mi experiencia, no solo comprendo a fondo el proceso, sino que también sé cómo argumentar y presentar tu caso de forma eficaz y con base legal sólida. Te aseguro que una gestión adecuada de tus recursos puede marcar la diferencia entre que se revierta una decisión administrativa en tu favor o que quedes indefenso ante un posible perjuicio.
• Maximización de tus Oportunidades de Éxito: Cada recurso administrativo tiene una estrategia específica para ser efectivo. Mi trabajo consiste en identificar todos los puntos débiles de la resolución administrativa que estás impugnando y construir una argumentación sólida que refuerce tu postura. Esto te permitirá incrementar las probabilidades de obtener un resultado favorable, ya sea la revocación de una sanción, la restitución de derechos o la modificación de una decisión que no te favorece.
• Ahorro de Tiempo y Energía Los procedimientos administrativos pueden ser lentos y burocráticos, lo que puede resultar agotador para ti, sobre todo si no tienes el conocimiento adecuado para gestionarlos. Yo me encargaré de todo el proceso, desde la preparación de la documentación hasta el seguimiento continuo del caso. Esto te permitirá centrarte en lo que realmente importa, mientras yo me encargo de luchar por tus intereses ante la administración.
• Representación Legal Profesional A menudo, los recursos administrativos requieren planteamientos técnicos y jurídicos complejos. Al ser un abogado especializado, te representaré de forma profesional y efectiva en las fases administrativas, asegurándome de que tu recurso esté correctamente fundamentado y cumplas con todos los plazos y requisitos exigidos. No dejes que una decisión errónea de la administración afecte tu situación sin una defensa adecuada.
• Menor Riesgo de Error: Los recursos administrativos no permiten margen para errores o retrasos, y un error técnico puede hacer que tu recurso sea desestimado. Yo me encargaré de que todos los procedimientos se lleven a cabo de manera impecable, minimizando el riesgo de que tu caso sea rechazado por cuestiones técnicas. Esto te proporcionará una mayor seguridad jurídica en todo el proceso.
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